martes, 1 de julio de 2008

Política Criminal contra el Delito Tributario

Resumen
El Delito Tributario atenta contra las bases de la propia sociedad en su conjunto. Un importante sector de los ciudadanos no somos concientes aún de la importancia de contribuir al país por diversas razones y causas. El Estado debe organizarse convenientemente para garantizar un círculo virtuoso a favor del desarrollo económico y social del país.

Introducción
A partir del término Ilícito Tributario Delictivo (ITD) o Delito Tributario, se intenta resaltar un tipo de nivel de incumplimiento o violación de la normatividad tributaria. La lucha contra el ITD es complejo porque supone una serie de factores intervinientes respecto al tipo de tributo, obligados, órgano del Estado, prestación sustancial, formalidades para determinar y realizar los pagos, y demás derechos y obligaciones entre Administración Tributaria y administrados.
No basta presentar al ITD como un acto doloso, hay grados de acción y participación junto con instituciones y conceptos especializados no jurídicos, además de la intervención de una serie de actores y variantes alrededor de la obligación jurídica tributaria que sustentan una especialización en el tema. El tecnicismo y grado de complejidad establece una brecha cultural tanto con los operadores de la administración de justicia como con la opinión pública en general.
No obstante el poco impacto emocional en la población en el ITD, aún cuando atenta contra las bases de la propia sociedad en su conjunto, tenemos que organizarnos como colectividad frente al ITD.

La finalidad de la norma tributaria
El ITD puede que aparezca como muy especializado o sofisticado frente a otro tipo de delitos comunes con mayor impacto emocional en la población, pero en realidad atenta contra las bases de la propia sociedad en su conjunto.
Los seres humanos somos sociales por definición. No existe ser humano extra-social. Todos tenemos en la mente un “imaginario social”[i] de una totalidad de instituciones explícitas de una sociedad que condicionan y orientan nuestro comportamiento (por ejemplo el concepto de familia o Estado) de los cuales se derivan otros conceptos fundamentales como la idea de ciudadanía.
El ser humano de la misma forma que debe satisfacer una variedad de necesidades individuales, también tiene necesidades sociales que deben ser atendidas. La necesidad fundamental del ser humano como individuo es vivir administrando con efectividad entre otros: los aspectos corporales, intelectuales, sociales y de trascendencia. En el ámbito social, tiene necesidad de compañía, de afecto y reconocimiento, así como de participación[ii].
Las necesidades vinculadas al imaginario social son aspectos que la economía ha tratado de resolver ante la existencia de recursos escasos. Los ciudadanos nos hemos comprometido a aportar o contribuir al sostenimiento de los bienes y servicios comunes, para garantizar la subsistencia del ente colectivo y para tener mayores posibilidades de calidad de vida en comunidad. La naturaleza social del hombre es el sustento de lo que luego se denominará “finanzas públicas”.
La captación de una parte de los beneficios, utilidades o ingresos de los ciudadanos, así como los recursos de otras fuentes, deben permitir al Estado canalizar como gasto público-inversión en bienes y servicios públicos, generar mejores niveles de calidad de vida y competitividad como país, en concurrencia con la iniciativa e inversión privada. A través de los tributos, se trata de contribuir a la generación de un círculo virtuoso de desarrollo económico y social del país, cuya efectividad depende de los avances en la especialización de una gerencia exitosa del equilibrio en el sistema fiscal (Política Fiscal).
Un importante sector de los ciudadanos no somos conscientes de ello, y no obstante nuestras eventuales discrepancias con la forma como se administra la economía o el sistema fiscal, cumplimos oportunamente con nuestras obligaciones tributarias. Pero otro importante sector aún no. Ante una total falta de identificación con el imaginario social Nación, la falta de percepción de los logros del gasto público, la inefectividad en la facilitación del cumplimiento tributario y la sensación de riesgo, y la aparente conveniencia inmediata que dan determinadas maniobras elusivas o de evasión, hay una cultura de incumplimiento tributario que subsiste no sólo en perjuicio de los ingresos de un Estado y/o un gobierno muchas veces no muy simpático
El Perú tiene el segundo lugar en América Latina como el país con el mejor clima para las inversiones (después de Uruguay), de acuerdo al Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Múnich (IFO) y la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil[iii]. Es un país con grandes avances y oportunidades en el contexto macroeconómico, con una posición no muy extrema en la distribución del ingreso en comparación a los países de la Comunidad Andina, pero de una tendencia al incremento de esta disparidad en la evolución de mediados del 90 y principios del Siglo XXI[iv].

Política criminal contra ITD
¿Qué tan organizados como colectividad estamos frente al ITD dado que amenazan nuestra cohesión o su desarrollo armónico?. ¿Existen estudios criminalísticos que permitan abordar el grado de intimidación efectiva que el sistema legal y/o judicial logra para atenuar el ITD?. ¿Se ha confrontado la realidad socio económica que ha influido en la estructura o en las diferentes formas de aparición del ITD?.
El problema es que no hay una perspectiva en el tratamiento del ITD y de muchos otros delitos de abordarlo desde una perspectiva de Política Criminal. El punto central no radica en la falta de reforma del Poder Judicial y su actual descrédito, sino en la forma efectiva con que el Estado se organiza para lograr controlar y reducir el ITD.
Hay una tendencia a centrar el diagnóstico del problema de la administración de justicia en el Perú, en el Poder Judicial, lo que se evidencia de manera expresa en aportes como los de Justicia Viva[1]. Se hacen referencias a mejoras de las competencias, condiciones y presupuestos para ejercer la labor jurisdiccional, mayores acciones de control, reformas normativas y repotenciación del sistema de conciliación como alternativas para afrontar la gran demanda de servicios[2]. Se focaliza en el problema de la corrupción como un fenómeno cultural que genera inequidad y atenta contra la competitividad de la economía[3].
Un Política Criminal en función al ITD involucra todos los aspectos de reforma del Poder Judicial y del sistema, sustentado en garantizar un círculo virtuoso a favor del desarrollo económico y social del país, con propuestas de mejoras del sistema de justicia en el Perú, liderados por un grupo de profesionales multidisciplinarios (algunos con experiencia en la magistratura, pero también por colegas que tengan experiencia y manejo profesional de reingeniería de procesos, en el marco de la legalidad y aislados de las imperfecciones e intereses del sistema). No sólo los abogados tenemos la alternativa más efectiva no obstante nuestra amplia experiencia y trayectoria jurisdiccional.
Cuando inicié mis estudios de Derecho, un concepto común en el objetivo lograr mejoras en la administración de justicia ha estado frecuentemente relacionado al cumplimiento del conjunto de reglas y normas que establece un Estado, en un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Era cotidiano (aún en la actualidad) el resaltar el respeto de los Poderes del Estado y al Estado de Derecho, a la importancia de la seguridad jurídica para una sociedad competitiva y moderna, y la consistencia que debe haber en un sistema jurídico.
También recuerdo algunos preceptos motivados en los estudios de Sociología del Derecho. En el ámbito de la interpretación, los profesionales del Derecho frente a la adecuación de la norma a la realidad, nos convertimos en creadores del Derecho a través de la jurisprudencia. La búsqueda del cumplimiento estricto de la codificación formal de las disposiciones escritas, es irreal. Siempre hay un espacio de interpretación en la aplicación de la ley, que hace que el Derecho sea dinámico.
Hoy en día hay un enfoque sociológico y sistémico que debemos actualizar, así como un replanteamiento del objetivo (más allá de la teorización de la importancia de la justicia) a favor de la mejora del servicio de administración de justicia por parte del Estado y con la participación del ciudadano[4].
Hay un fundamento cultural que trabajar alrededor del tema. Si la población tiene mayor conocimiento de la importancia de combatir el ITD, esto contribuirá a prevenir, supervisar y/o evaluar mejor el concepto o accionar respecto a lo justo, como una virtud social. Mejoras en la calidad del servicio profesional y ética del asesor del contribuyente impacta significativamente en la mejora del sistema. Tiene que hacerse algo para mejorar la formación de los colegas y medidas efectivas para aquellos que formalmente tienen título, pero no cuentan con las competencias ni los recursos adecuados para brindar un servicio de asesoramiento de calidad, y que lamentablemente refuerzan la percepción de desconfianza y deshonestidad.
Algunas conclusiones y recomendaciones
· El ITD atenta contra las bases de la propia sociedad en su conjunto. Las necesidades vinculadas al imaginario social son aspectos que la economía ha tratado de resolver ante la existencia de recursos escasos. La captación de una parte de los beneficios, utilidades o ingresos de los ciudadanos, así como los recursos de otras fuentes, deben permitir al Estado canalizar como gasto público-inversión en bienes y servicios públicos, generar mejores niveles de calidad de vida y competitividad como país, en concurrencia con la iniciativa e inversión privada.
· Un importante sector de los ciudadanos no somos conscientes aún de la importancia de contribuir al país por diversas razones y causas. Tenemos que organizarnos como colectividad frente al ITD dado que amenazan nuestra cohesión o su desarrollo armónico. No hay una perspectiva de Política Criminal en el tratamiento del ITD y de muchos otros delitos.
· Un Política Criminal involucra todos los aspectos del sistema, sustentado en garantizar un círculo virtuoso a favor del desarrollo económico y social del país, con propuestas de mejoras del sistema, liderados por un grupo de profesionales multidisciplinarios. Hay un enfoque sociológico y sistémico que debemos actualizar, así como un replanteamiento del objetivo a favor de la mejora del servicio de administración de justicia por parte del Estado y con la participación del ciudadano. Hay un fundamento cultural que trabajar alrededor del tema.
[1] DE LA JARA, Ernesto. Percepciones sobre el Sistema de Justicia en el Perú. Justicia Viva Instituto de Defensa Legal. 2006. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/percepcionessobresistemajusticia_ErnestodelaJarra.pdf

[2] AGÜERO GUEVARA, Lourdes. Administración de Justicia en el Perú. 2004. En: http://www.monografias.com/trabajos17/justicia-en-peru/justicia-en-peru.shtml

[3] CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Informe de Coyuntura de la Justicia: Percepciones sobre la corrupción en la justicia y el régimen disciplinario. Colombia. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/cels-probidad-informe2.pdf

[4] RODRIGUEZ MELENDEZ, Roberto. ¿Calidad de la Justicia?. Eficacia y eficiencia de la administración de justicia. San Salvador. 2005. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/calidaddelajusticia.pdf

[i] CASTORIADIS, Cornelius citado por FRESSARD, Olivier. El imaginario social o la potencia de inventar de los pueblos. Revista Sciences de l’homme & Sociétés, Nº 50, septiembre 2005. En: http://www.fundanin.org/fressard.htm

[ii] MASLOW. Abraham. Citado por LOPEZ, Carlos. La jerarquía de necesidades de Abraham Maslow. En: http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/18/jerarquia.htm

[iii] ANDINA AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS. Estudio consolida posición de vanguardia de economía peruana en América Latina. 21/02/2008. En: http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=acchxlvHz7Q=

[iv] COMUNIDAD ANDINA. Boletines de Coyuntura Andina Mayo 2007. La Equidad de la Política Fiscal en los Países Andinos. En: http://www.comunidadandina.org/documentos/docSG/SGdi847.htm

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