Legalidad y Constitucionalismo como factor clave de competitividad

Resumen
La expectativa de productividad y competitividad en el país exige del Poder Judicial mayor efectividad en los avances de la mejora de los servicios de administración de justicia. Focalizar en la lucha contra la corrupción es un aspecto central, pero también debe observar algunas propuestas para mejorar las competencias organizacionales e individuales. Estamos ante el requerimiento de un cambio de paradigma respecto a la actitud y velocidad de aprendizaje, con una perspectiva sistémica y de expansión continua hacia resultados.

Introducción
En términos generales se denomina “competitividad” a la capacidad que tiene una organización o un país, de mantener ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y mejorar una posición socioeconómica. La competitividad supone un planeamiento con perspectiva global, análisis de competidores, atención por los sectores del mercado de mayor demanda, acortamiento de ciclos de producción y la implementación de innovaciones. De los diversos niveles macroeconómicos de competitividad, nos interesa en esta oportunidad la competitividad como país y su relación con la percepción de vigencia del constitucionalismo.
La calificadora Standard & Poor's en julio 2008 subió la calificación de Perú a grado de inversión, convirtiéndose en la segunda agencia en dar al país andino ese codiciado status (la calificación quedó ahora en "BBB-" que es el primer escalón dentro del grado de inversión, y panorama estable. Fitch, en abril 2008 otorgó a Perú el grado de inversión.
El Perú requiere de un mayor crecimiento económico y productividad. En este contexto tiene relevancia el logro de condiciones de competitividad como país y el aporte de la iniciativa privada. Debemos aprovechar la situación expectante como país en el contexto internacional.

Competitividad como país
Productividad. Este es el término clave. El Perú como país a través de una mayor productividad debe lograr altos niveles de efectividad en el uso de su capital humano (talento) y económico, con efectos en el nivel de vida de la población.
La mayor y mejor productividad dependen de la contribución que realice la iniciativa privada, pero de la mano con políticas nacionales que logren mayores ventajas competitivas en mercados segmentados, productos diferenciados, nuevas tecnológicas y economías de escala. En términos del profesor de la cátedra de administración de negocios de la Escuela de Negocios de Harvard, Ph.D. Mr. Michael Porter, la competitividad como país o nación, requiere de factores favorables del entorno macroeconómico, disponibilidad de mano de obra y recursos naturales, políticas gubernamentales y de resolución de conflictos efectivos[i].
Como país el Perú se encuentra encaminado hacia ello. Se dice que ya nos encontramos en el Ranking Mundial de Competitividad que emite el Instituto Internacional de Desarrollo (IMD) de Suiza. Sin embargo, se reconoce que existen debilidades marcadas en cuanto a aspectos institucionales, legislación de negocios y educación. Tenemos grandes fortalezas en el desempeño económico pero hay temas de agenda aún pendientes de atención[ii].
La efectiva resolución de eventual conflicto de intereses entre particulares o con el Estado nos lleva a relacionar los avances en materia de mejora de la administración de justicia en el Perú, en tanto factor de competitividad-país, y si el estado de estos avances como sistema alcanzan a la fuente del sistema jurídico peruano (constitucionalismo).

Bases constitucionales a favor de la competitividad y realidad
Para un país que aspira a constituirse en competitivo, resulta indispensable que los empresarios y los inversionistas perciban que en el Perú, como Estado soberano se respeta la norma fundamental que fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y los ciudadanos, el cual establece las bases del gobierno y la organización de las instituciones (Constitución). Dicha norma fundamental por definición, esta dotada de supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. La vigencia de la supremacía de esta norma constitucional depende de la efectividad con que opera el constitucionalismo económico y el denominado “control de la constitucionalidad” cuyo estudio ha sido materia del Derecho Procesal Constitucional.
Para los especialistas del Derecho Procesal Constitucional (DPC) la preocupación esta centrada en la existencia de normas orgánicas y funcionales que permitan dar eficacia real a la norma constitucional, cuando surge un conflicto entre un acto de la autoridad o de un particular y sus disposiciones[iii].La pregunta clave sin embargo es: ¿Cuál es el grado de efectividad que esta teniendo todo este sistema normativo en lo que respecta al Poder Judicial?. ¿La necesidad de resolver a la brevedad el problema adquiere una mayor relevancia si estamos convencidos que contribuye a la competitividad del país?.

El problema de la poca credibilidad del sistema judicial
Cuando sale en prensa un hecho noticioso de corrupción en el Poder Judicial, de manera cíclica y reiterada se actualiza el tema de la percepción de la opinión pública respecto a la justicia, y la necesidad de una reforma o reestructuración. Así sucedió por ejemplo con la detección de una coima de US$ 185.00 y una bolsa de chifles a un vocal del Poder Judicial, lo que motivó ofrecimientos de cambio promovidos desde el Poder Ejecutivo.

Los datos de PUCP del 2006 no difieren en lo sustancial de los antecedentes de otra encuesta realizada en el 2005 por Apoyo[1]. Las encuestas posteriores confirman la vigencia de un problema estructural.
En octubre del 2007, un sondeo del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, determinó que el 95.5% de los ciudadanos de Lima confían poco o nada del Poder Judicial, siendo la corrupción la madre de todas las faltas del sistema judicial, testimoniando el 54.7% de litigantes que le han solicitado alguna coima alguna vez. Se reconocen sin embargo algunas leves y puntuales mejoras en el Poder Judicial pero en un diagnóstico base de estancamiento. La percepción de desconfianza se empieza a extender al Ministerio de Justicia y al Tribunal Constitucional[2].
Si intentamos hacer una sumilla de un diagnóstico vigente respecto a la percepción de justicia en el Perú, hay cierto consenso en focalizar el problema en el Poder Judicial, y en temas como: coimas (pagos ilegales), corrupción, lentitud, ventajas para el adinerado y con influencias, parcialización con determinados abogados. La situación en general no muestra avances en las últimas décadas.
La percepción negativa de la opinión pública respecto a la mejora en el sistema o la administración de justicia esta presente en varios países Latinoamericanos y de nuestro mundo contemporáneo. Esto no significa que debemos ser permisivos o tolerantes frente al problema, sino por el contrario es un tema prioritario de agenda de políticas de Estado que debemos resolver a la brevedad, no obstante el cuestionamiento de la objetividad y validez científica de las encuestas de opinión.
Hay consenso en la necesidad de una reforma profunda pero de todo el sistema de justicia como una política de Estado, en la que deben intervenir los 3 poderes: Judicial, Congreso y Ejecutivo. El problema central no radica en la discusión sobre cuantía de sueldos, o en la mejora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en la estrategia necesaria para una mejora de la percepción de los ciudadanos por el sistema de administración de justicia en el país y el logro de determinados indicadores.
Los especialistas reclaman un Poder Judicial más eficaz y justo.

o Competencias de los magistrados
En este escenario de expectativas de competitividad no basta un destacado nivel de profundidad en conocimientos normativos, ni incluso los judiciales. Se requiere una alta especialización del magistrado, pero también un aporte a lo que se denomina capital intelectual corporativo de la institución, a través de los pronunciamientos jurisdiccionales, aportes y trabajos que queden a disposición de la institución.
La actitud y velocidad de aprendizaje permanecen frente al espiral del cambio es otro factor clave de éxito. En este sentido ya no se resalta el fenómeno del cambio por sí mismo, sino se resalta la actitud y velocidad del ser humano por el aprendizaje. Se requiere una perspectiva sistémica y de expansión continua hacia resultados, cultivar nuevos y expansivos patrones de pensamiento, aspiraciones colectivas, y fundamentalmente necesitamos aprender a aprender en conjunto.[3].
El denominado Reto de la Competitividad 2006 es una primera propuesta para definir el Perfil de Competencias de los ejecutivos en el Perú, que permita conocer sus capacidades, como resultado del esfuerzo compartido de instituciones públicas y privadas en el país. Se incide en este proyecto la oportunidad de descubrir sus fortalezas, debilidades y potencialidades. La base del estudio se desarrolló en los EE.UU. a cargo de especialistas en Coaching, Liderazgo y Desarrollo Humano, habiendo sido aplicada en los últimos años por grandes corporaciones[4]. ¿No es posible hacer estudios similares a los magistrados del sistema judicial peruano?.

q Conclusiones y recomendaciones
o Productividad es el término clave. En este objetivo tiene un importante papel la iniciativa privada. Tenemos que aprovechar nuestra actual coyuntura como país en el Ranking Mundial de Competitividad.
o La sociedad esta demandando del Poder Judicial mayor efectividad. Los empresarios y los inversionistas deben percibir al Perú, como un Estado soberano en el que se respetan las normas. La atención de dichas expectativas va mas allá de normas orgánicas.
o La lucha contra la corrupción es un aspecto central en la búsqueda de avances en estos temas. La opinión pública sigue mirando al Poder Judicial con recelo, preocupación y suspicacia. Tenemos que demostrar competencias organizacionales para resolver el problema estructural.
o Se tiene que trabajar el tema de la mejora de competencias de los magistrados, sin perjuicio de la ponderación de la carga procesal, se requiere un cambio de paradigma respecto a la actitud y velocidad de aprendizaje, con una perspectiva sistémica y de expansión continua hacia resultados. El proyecto de Reto de la Competitividad 2006 del sector privado puede ser un muy buen referente.

[1] PASARA, Luis. Notas al Margen. Diario Perú 21. 09/12/06. En: http://www.peru21.com/Comunidad/Columnistas/Html/2006-12-09/Pasara0629561.html

[2] RAMOS, Alonso. Percepción negativa de la justicia en Lima. Diario La República. 27/10/07. En: http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,185586/Itemid,/

[3] Cfr. SENGE 1993: 24
[4] https://www.competitividad.org.pe/index.asp

[i] NUÑEZ MENDOZA, Alberto. La competitividad. 26/02/08. En: http://www.gestiopolis.com/canales7/eco/Capital/59-competitividad-frente-a-las-relaciones-internacionales.htm

[ii] D’ALESSIO, Fernando. Perú Ranking Mundial de Competitividad 2008. 16/05/08 En: http://apra-global.blogspot.com/2008/05/per-ranking-mundial-de-competitividad.html

[iii] COLOMBO CAMPBELL, Juan. Funciones del Derecho Procesal Constitucional. 2002. En: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-00122/002000200002&script=sci_arttext

[iv] PENTIERRA, Evaristo. Poder Judicial: en busca de reforma. En: http://www.perupolitico.com/?p=323