miércoles, 9 de julio de 2008

Actualizando lineamientos de Política Criminal en el Perú

Resumen
La denominada Política Criminal actualiza la importancia que tiene el estudio de la realidad criminológica para una mejora del sistema judicial penal. La formación tradicional en derecho centrada en el cumplimiento de reglas y normas, nos ha alejado de esta perspectiva más sociológica. No obstante la agenda pendiente en materia de combate a la corrupción de los órganos que intervienen en la administración de justicia, se requiere un liderazgo efectivo de un proyecto multidisciplinario en concreto.

Introducción
Motiva el presente artículo el relevar algunas propuestas en términos de Política Criminal (PC) como una contribución a los proyectos de mejora del sistema de administración de justicia en el país. Se denomina PC a la disciplina que estudia, la faceta de control social, o en otros términos la manera como la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico.
Se trata de hacer una reflexión mas sistémica e integrado de los diagnósticos y propuestas que usualmente se debaten en torno a la preocupación por la mejora del sistema de administración de justicia en el Perú, pero a partir de una eventual Política Jurídica de Estado.

El delito como fenómeno social criminal
PC reivindica los estudios criminalísticos resaltando el grado de intimidación efectiva que el sistema legal y/o judicial tiene. El delito deviene en importante no sólo por la tipología normativa sinó por las diferentes formas de aparición y demás detalles. Para ello se hace una visión multidisciplinaria del delito.
El delito tiene una determinada significancia según el escenario. Nuestro país tiene una determinada dinámica delictiva en función a las condiciones socioeconómicas y culturales existentes. En este contexto siempre se descubre una oportunidad de mejora del sistema jurídico y de las normas.
El aumento de las penas es manifiestamente insuficiente, si no se confronta con el proceso y la realidad. Hay un círculo vicioso de inefectividad por diversos factores. Son los antecedentes en los estudios criminológicos y sistemas judiciales comparados los que se constituyen en una fuente de derecho complementaria de las fuentes tradicionales.
El Estado a través de todos sus organismos debe tratar de disminuir los indicadores y controlar la percepción de la opinión pública respecto al aumento de la criminalidad en el país. Hay progresos de orden científico y técnico que pueden aportar a ello (los cuales se ven incluso en series televisivas).

Reforma del Poder Judicial como parte de una PC
¿Qué acciones previas o indicadores de disposición hay en el Perú para evaluar la problemática de la criminalidad y delincuencia desde el punto de vista de la PC?. La formación tradicional profesional en derecho incide en el estudio del cumplimiento de reglas y normas que establece un Estado, en un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones.
No tenemos en primera instancia un concepto de Poderes del Estado como agentes organizados a favor de la lucha contra la criminalidad. Defendemos el Estado de Derecho, y la importancia en la seguridad jurídica para una sociedad competitiva y moderna, pero son escasos los cuestionamientos a la consistencia que tiene en la realidad el sistema jurídico. En realidad en el ámbito de la interpretación debidamente ordenada y sistematizada, los profesionales del Derecho y en especial los magistrados, en el proceso de aplicación de la norma a la realidad, nos convertimos en creadores de Derecho a través de la jurisprudencia.
La búsqueda del cumplimiento estricto de la codificación formal de las disposiciones escritas, es irreal y ha estigmatizado la función judicial. Hay competencia para desnaturalizar la norma y sacar provecho de las imperfecciones del sistema judicial en función a intereses particulares. El rol creativo de la jurisprudencia, en un contexto de imparcialidad con respecto a los miembros e instituciones de la sociedad, no encuentra consenso ni en la opinión pública vinculada al derecho.

q Percepción de la opinión pública
La PC no esta planteada en el debate académico cotidiano. Mayor atención suscitan los casos de corrupción que de manera cíclica y reiterada ocurren.
La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en el 2006 realizó una encuesta en Lima, en donde se ratificó la percepción de la opinión pública respecto a la administración de justicia con recelo, preocupación y suspicacia. No se percibe mejoras en el sistema. Solo el 4% de los encuestados estaba dispuesto a ir al Poder Judicial para resolver un problema legal. Solo 3% consideraba como bueno el sistema. El 56% consideraba que no era cierto que “la justicia tardaba pero finalmente llegaba”. El 38% pensaba que lo necesario para ganar un juicio era pagar coimas.
Los datos de la PUCP del 2006 no difieren en lo sustancial de los antecedentes de otra encuesta realizada en el 2005 por Apoyo[1]. Las encuestas posteriores confirman la vigencia de un problema estructural.
En octubre del 2007, un sondeo del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, determinó que el 95.5% de los ciudadanos de Lima confían poco o nada del Poder Judicial, siendo la corrupción la madre de todas las faltas del sistema judicial, testimoniando el 54.7% de litigantes que le han solicitado alguna coima alguna vez. Se reconocen sin embargo algunas leves y puntuales mejoras en el Poder Judicial pero en un diagnóstico base de estancamiento. La percepción de desconfianza se empieza a extender al Ministerio de Justicia y al Tribunal Constitucional[2].
Si intentamos hacer una sumilla de un diagnóstico vigente respecto a la percepción de justicia en el Perú, hay cierto consenso en focalizar el problema en el Poder Judicial, y en temas como: coimas (pagos ilegales), corrupción, lentitud, ventajas para el adinerado y con influencias, parcialización con determinados abogados. La situación en general no muestra avances en las últimas décadas.
La percepción negativa de la opinión pública respecto a la mejora en el sistema o la administración de justicia esta presente en varios países Latinoamericanos y de nuestro mundo contemporáneo. Esto no significa que debemos ser permisivos o tolerantes frente al problema, sino por el contrario es un tema prioritario de agenda de políticas de Estado que debemos resolver a la brevedad, no obstante el cuestionamiento de la objetividad y validez científica de las encuestas de opinión.

q Intentando cambiar el paradigma
Hay una tendencia a centrar el diagnóstico del problema de la administración de justicia en el Perú, en el Poder Judicial, cuando en realidad hay varios muy importantes actores en el sistema que requieren de mejoras organizacionales. Esto se evidencia de manera expresa en los principales aportes de Justicia Viva[3]. Se hace referencia a mejoras de las competencias, condiciones y presupuestos para ejercer la labor jurisdiccional, mayores acciones de control, reformas normativas y repotenciación del sistema de conciliación como alternativas para afrontar la gran demanda de servicios[4]. Se focaliza en el problema de la corrupción como un fenómeno cultural que genera inequidad y atenta contra la competitividad de la economía[5].
La pregunta central sin embargo es. ¿Quién lidera y armoniza estas propuestas?. La complejidad del problema esta determinando que se requiere de un liderazgo de un grupo de profesionales multidisciplinarios, algunos con experiencia en la magistratura, pero también por colegas que tengan experiencia y manejo profesional de reingeniería de procesos, en el marco de la legalidad y aislados de las imperfecciones e intereses del sistema.
Se propone una Comisión multisectorial con facultades ejecutivas que con un enfoque sistémico actualizado gerencie un proyecto de mejora del sistema de administración de justicia en el Perú. El Poder Judicial es uno de los principales actores del sistema pero no es el único. El logro de la visión de un Poder Judicial casi perfecto no determinará necesariamente el logro de efectividad en la administración de justicia.
Tenemos que replantear el objetivo mas allá de la teorización de la importancia de la justicia y de eventuales reformas institucionales sino en términos de efectividad en la mejora del servicio de administración de justicia por parte del Estado y con la participación del ciudadano[6]. Debemos repotenciar aquellos avances no obstante que por la magnitud del problema no han logrado aún una significativa variación de la negativa percepción respecto al tema. La experiencia en materia de política, programa o sistema anticorrupción es uno de ellos[7].
Hay un fundamento cultural que trabajar alrededor del tema. Si la población tiene mayor conocimiento de los derechos que tiene y existe cierto consenso en los individuos de la sociedad sobre lo bueno y lo malo, esto contribuirá a prevenir, supervisar y/o evaluar mejor el concepto o accionar respecto a lo justo, como una virtud social. Acciones en conjunto como políticas de Estado multisectoriales, deben ser implementadas en forma coordinada, como complemento a los servicios de orientación que tiene la Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) del Ministerio de Justicia[8].
Mejoras en la calidad del servicio profesional del abogado, impacta significativamente en la mejora del sistema. Tiene que hacerse algo para mejorar la formación de los colegas y medidas efectivas para aquellos que formalmente tienen título, pero no cuentan con las competencias ni los recursos adecuados para brindar un servicio de asesoramiento de calidad, y que lamentablemente refuerzan la percepción de desconfianza y deshonestidad.

q Conclusiones y recomendaciones
o La Política Criminal reivindica la realidad criminológica del delito considerando el escenario. En esta perspectiva abordar el tema delictivo a partir de un aumento de las penas es manifiestamente insuficiente. Se exige que el Estado a través de todos sus organismos logre mayores resultados en el control y disminución de la criminalidad en general.
o La formación tradicional en derecho incide en el estudio del cumplimiento de reglas y normas. No tenemos un concepto de Estado organizado para el logro de metas de criminalidad, justificándolo en un debido proceso y la defensa del Estado de Derecho que relativiza dichas metas. Hay una desnaturalización de las normas que está beneficiando intereses particulares.
o La problemática de corrupción de los órganos que intervienen en la administración de justicia, genera en la opinión pública recelo, preocupación y suspicacia. Hay numerosos diagnósticos de los factores que influyen en la percepción negativa del sistema. La pregunta central sin embargo es: ¿Quién lidera y armoniza estas propuestas?.
o La complejidad del problema esta determinando que se requiere de un liderazgo de un grupo de profesionales multidisciplinarios. No debemos teorizar la problemática de la justicia sino medir avances en la efectividad en la mejora del servicio de administración de justicia por parte del Estado y con la participación del ciudadano. Hay una cruzada cultural que promover alrededor del tema.
[1] PASARA, Luis. Notas al Margen. Diario Perú 21. 09/12/06. En: http://www.peru21.com/Comunidad/Columnistas/Html/2006-12-09/Pasara0629561.html

[2] RAMOS, Alonso. Percepción negativa de la justicia en Lima. Diario La República. 27/10/07. En: http://www.larepublica.com.pe/component/option,com_contentant/task,view/id,185586/Itemid,/

[3] DE LA JARA, Ernesto. Percepciones sobre el Sistema de Justicia en el Perú. Justicia Viva Instituto de Defensa Legal. 2006. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/percepcionessobresistemajusticia_ErnestodelaJarra.pdf

[4] AGÜERO GUEVARA, Lourdes. Administración de Justicia en el Perú. 2004. En: http://www.monografias.com/trabajos17/justicia-en-peru/justicia-en-peru.shtml

[5] CORPORACION EXCELENCIA EN LA JUSTICIA. Informe de Coyuntura de la Justicia: Percepciones sobre la corrupción en la justicia y el régimen disciplinario. Colombia. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/cels-probidad-informe2.pdf

[6] RODRIGUEZ MELENDEZ, Roberto. ¿Calidad de la Justicia?. Eficacia y eficiencia de la administración de justicia. San Salvador. 2005. En: http://cejamericas.org/doc/documentos/calidaddelajusticia.pdf

[7] Resolución Suprema N° 160-2001-JUS: Programa Nacional Anticorrupción. En: http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/lac_core/peru_plan.pdf

[8] En: http://www.minjus.gob.pe/alegra/1mision.html

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